Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitás saber sobre el recurso judicial.
Respondemos las dudas más comunes sobre el proceso, los plazos y lo que podés esperar.
Es una acción judicial regulada por la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España. Permite acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que ordene a la Administración —en este caso, el Consulado Español— cumplir con su obligación legal de resolver tu expediente de nacionalidad. En Argentina, puede compararse al 'amparo por mora'.
El plazo estimado de resolución es de aproximadamente 6 meses. Este es un plazo orientativo que puede variar según la carga de trabajo del Tribunal, la actuación de la Administración y las circunstancias particulares de cada expediente.
No. La viabilidad de cada caso se analiza previamente. Existen requisitos específicos que el expediente debe reunir para poder interponer el recurso. Por eso ofrecemos un estudio de viabilidad previo, sin costo ni compromiso, antes de iniciar cualquier acción.
El objetivo es obtener una resolución judicial que ordene al Consulado Español cumplir con su obligación legal de forma inmediata, procediendo a otorgar la nacionalidad española. No se trata de una queja administrativa, sino de una orden del Tribunal.
No. El recurso se interpone ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la gestión se realiza de forma coordinada entre la Dra. Sejas Pardo y el equipo de abogado y procurador en Madrid. Podés iniciar el proceso desde Argentina o cualquier otro país.
El servicio tiene un costo fijo que incluye todos los honorarios profesionales: abogado y procurador en Madrid. Además, ofrecemos la posibilidad de pago en cuotas para facilitar el acceso al procedimiento. Consultanos para recibir la información completa.
Para el estudio de viabilidad necesitamos conocer el estado de tu expediente: fecha de presentación de la solicitud, consulado ante el que tramitaste, y cualquier comunicación que hayas recibido. Con esa información inicial podemos evaluar tu caso.
Una vez que el Tribunal emite la resolución ordenando a la Administración actuar, el incumplimiento puede dar lugar a nuevas acciones judiciales. En la práctica, la mayoría de los casos se resuelven una vez que existe una orden judicial firme.
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